Un Pilar de la Justicia Social
La problemática de la tierra, la vivienda y la infraestructura barrial causa graves dificultades en la población, sobre todo en los sectores más perjudicados y vulnerables en el área metropolitana de la Provincia de Buenos Aires.
En el conurbano bonaerense, donde se encuentran los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, viven más de 8.700.000 personas, casi un cuarto de la población total de nuestro país. En promedio, en 1 kilómetro cuadrado viven 2.300 personas, la mitad de ellas en condiciones de pobreza.
Grupos familiares cada vez más numerosos viven en terrenos bajos y por lo tanto inundables, en pésimas condiciones sanitarias y ambientales, y en situaciones no aptas para la ‘vivienda digna’, rodeados de enormes basurales a cielo abierto. Estos producen contaminación del agua subterránea por infiltración, obstrucción de los cursos superficiales de agua y eliminación de la capacidad de auto depuración que poseen. También generan roedores, que son reservorios de más de 243 enfermedades entre las que se encuentran la parasitosis, enterocilitis, hantavirus, hepatitis, leptospirosis, meningitis, entre otras.
Otro problema serio que afrontan nuestros barrios es la contaminación del agua subterránea y la elevación del nivel freático de las napas. Asimismo, una extensa proporción de personas que viven en estas zonas excretan sus residuos cloacales a pozos ciegos (de elevado poder potágeno). Los pozos se llenan y se rebalsan continuamente. Esta situación se agrava, pues los sectores que la padecen son los más vulnerables y su capacidad de respuesta es muy baja.
En el mismo orden, el problema de las inundaciones es central. Una de sus causas es la ausencia de desagües pluviales, pero también la abundancia de residuos que obstruyen desagües, y las obras inconclusas.
Lograr el bien común es una obligación ineludible de todo Estado, que debe proporcionar a sus miembros una serie de bienes para propender a su subsistencia, bienestar y felicidad. Por la magnitud y seriedad de la problemática habitacional/social que padece una cantidad importante de ciudadanos bonaerenses, es que el Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Ing. Felipe Solá, decidió crear la Subsecretaría Social de Tierras. Desde la Dirección de Programas de Equipamiento Social Básico, de dicha Subsecretaría, se procurará mejorar las condiciones habitaciones de los bonaerenses más necesitados y así lograr una mayor inclusión social, afianzando en la sociedad el rol del Estado provincial en búsqueda de la justicia social y la felicidad del pueblo.
Se trabajará en forma horizontal con todas las Direcciones que conforman nuestra Subsecretaría, pues creemos que el trabajo de cada una de ellas se complementa con las otras. Es por esto que se piensa que el accionar ante una emergencia habitacional, la regularización dominial, la escrituración social y el abastecimiento básico de las viviendas y barrios significan, en conjunto, levantar y poner de pie a los hogares de nuestra provincia, símbolo fundamental de la sociedad. Más que realizar obras y poner en marcha a los barrios, es levantar e incluir a todos aquellos hombres y mujeres del pueblo que se encuentran excluidos. Se considera que la participación de nuestros hermanos y hermanas, tanto en la toma de decisiones como en la construcción de sus hogares alienta a mejorar y a cambiar la difícil realidad en la que viven. Esta política provincial de descentralización exige una redefinición del rol de ciertos organismos, para destinar los esfuerzos a la conducción, la planificación, la capacitación y la verificación de los objetivos de gobierno. Es deseable afianzar aún más la política de descentralización hacia cada barrio donde la provincia afirme su rol de planificación, obtención de recursos y supervisión, mientras que los municipios, entidades intermedias, organizaciones libres del pueblo, asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, vecinos y la comunidad en general se conviertan en los ejecutores. De esta forma promover la organización social y el protagonismo popular a través de sus entidades representativas en una comunidad organizada.
Promover la organización social y el protagonismo de los vecinos en la construcción de sus viviendas, sus respectivos lugares de convivencia y de encuentro social es también reivindicar el concepto de barrio como fuente de identidad y pertenencia. El barrio de una persona es como su propio DNI, es decir, creemos que todo barrio debe tener sus calles con nombres y casas con número. Sabemos que una cantidad relevante de barrios en nuestra provincia no cuentan con calles ni números para sus respectivas viviendas, sin dudas esto perjudica a sus habitantes dado que al no contar con la identificación habitacional adecuada, en muchas oportunidades perjudica las chances de conseguir empleo digno y saludable, entre otros, profundizando aún más la exclusión social, y dejando al Estado con pocas posibilidades de control, asistencia y recaudación. La realidad indica que es muy difícil que una persona sin DNI pueda incluirse a la sociedad, lo mismo ocurre cuando no cuenta con una vivienda registrada. La lucha contra el déficit habitacional y su abastecimiento básico es una batalla cruelmente despareja, y como se ha mencionado antes, se concentra sobre los centros urbanos más poblados de nuestra provincia. La magnitud de la problemática en la Provincia necesita para su solución de la acción concertada de todos los sectores involucrados.
No debe dejar de reiterarse, por sabido, que el acceso a una vivienda digna es una garantía de raigambre constitucional, asentada precisamente en el art. 14 bis de nuestra norma fundamental que otorga amparo al acceso a una vivienda digna. Es un mandato de la Carta Magna ante el cual el Estado Nacional no puede mantenerse impávidos, no puede quedarse cruzados de brazos, máxime cuando tienen posibilidades de remediarlo. Es necesario, en este caso, que el Estado Provincial y los Gobiernos Municipales continúen afirmando la recuperación de la conciencia colectiva de cuáles son sus objetivos básicos del accionar en procura de la grandeza de la patria y el bienestar de nuestro pueblo.
Lic. Francisco Cafiero
Director de Programas de Equipamiento Social Básico
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
En el conurbano bonaerense, donde se encuentran los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero y Vicente López, viven más de 8.700.000 personas, casi un cuarto de la población total de nuestro país. En promedio, en 1 kilómetro cuadrado viven 2.300 personas, la mitad de ellas en condiciones de pobreza.
Grupos familiares cada vez más numerosos viven en terrenos bajos y por lo tanto inundables, en pésimas condiciones sanitarias y ambientales, y en situaciones no aptas para la ‘vivienda digna’, rodeados de enormes basurales a cielo abierto. Estos producen contaminación del agua subterránea por infiltración, obstrucción de los cursos superficiales de agua y eliminación de la capacidad de auto depuración que poseen. También generan roedores, que son reservorios de más de 243 enfermedades entre las que se encuentran la parasitosis, enterocilitis, hantavirus, hepatitis, leptospirosis, meningitis, entre otras.
Otro problema serio que afrontan nuestros barrios es la contaminación del agua subterránea y la elevación del nivel freático de las napas. Asimismo, una extensa proporción de personas que viven en estas zonas excretan sus residuos cloacales a pozos ciegos (de elevado poder potágeno). Los pozos se llenan y se rebalsan continuamente. Esta situación se agrava, pues los sectores que la padecen son los más vulnerables y su capacidad de respuesta es muy baja.
En el mismo orden, el problema de las inundaciones es central. Una de sus causas es la ausencia de desagües pluviales, pero también la abundancia de residuos que obstruyen desagües, y las obras inconclusas.
Lograr el bien común es una obligación ineludible de todo Estado, que debe proporcionar a sus miembros una serie de bienes para propender a su subsistencia, bienestar y felicidad. Por la magnitud y seriedad de la problemática habitacional/social que padece una cantidad importante de ciudadanos bonaerenses, es que el Señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Ing. Felipe Solá, decidió crear la Subsecretaría Social de Tierras. Desde la Dirección de Programas de Equipamiento Social Básico, de dicha Subsecretaría, se procurará mejorar las condiciones habitaciones de los bonaerenses más necesitados y así lograr una mayor inclusión social, afianzando en la sociedad el rol del Estado provincial en búsqueda de la justicia social y la felicidad del pueblo.
Se trabajará en forma horizontal con todas las Direcciones que conforman nuestra Subsecretaría, pues creemos que el trabajo de cada una de ellas se complementa con las otras. Es por esto que se piensa que el accionar ante una emergencia habitacional, la regularización dominial, la escrituración social y el abastecimiento básico de las viviendas y barrios significan, en conjunto, levantar y poner de pie a los hogares de nuestra provincia, símbolo fundamental de la sociedad. Más que realizar obras y poner en marcha a los barrios, es levantar e incluir a todos aquellos hombres y mujeres del pueblo que se encuentran excluidos. Se considera que la participación de nuestros hermanos y hermanas, tanto en la toma de decisiones como en la construcción de sus hogares alienta a mejorar y a cambiar la difícil realidad en la que viven. Esta política provincial de descentralización exige una redefinición del rol de ciertos organismos, para destinar los esfuerzos a la conducción, la planificación, la capacitación y la verificación de los objetivos de gobierno. Es deseable afianzar aún más la política de descentralización hacia cada barrio donde la provincia afirme su rol de planificación, obtención de recursos y supervisión, mientras que los municipios, entidades intermedias, organizaciones libres del pueblo, asociaciones sin fines de lucro, cooperativas, vecinos y la comunidad en general se conviertan en los ejecutores. De esta forma promover la organización social y el protagonismo popular a través de sus entidades representativas en una comunidad organizada.
Promover la organización social y el protagonismo de los vecinos en la construcción de sus viviendas, sus respectivos lugares de convivencia y de encuentro social es también reivindicar el concepto de barrio como fuente de identidad y pertenencia. El barrio de una persona es como su propio DNI, es decir, creemos que todo barrio debe tener sus calles con nombres y casas con número. Sabemos que una cantidad relevante de barrios en nuestra provincia no cuentan con calles ni números para sus respectivas viviendas, sin dudas esto perjudica a sus habitantes dado que al no contar con la identificación habitacional adecuada, en muchas oportunidades perjudica las chances de conseguir empleo digno y saludable, entre otros, profundizando aún más la exclusión social, y dejando al Estado con pocas posibilidades de control, asistencia y recaudación. La realidad indica que es muy difícil que una persona sin DNI pueda incluirse a la sociedad, lo mismo ocurre cuando no cuenta con una vivienda registrada. La lucha contra el déficit habitacional y su abastecimiento básico es una batalla cruelmente despareja, y como se ha mencionado antes, se concentra sobre los centros urbanos más poblados de nuestra provincia. La magnitud de la problemática en la Provincia necesita para su solución de la acción concertada de todos los sectores involucrados.
No debe dejar de reiterarse, por sabido, que el acceso a una vivienda digna es una garantía de raigambre constitucional, asentada precisamente en el art. 14 bis de nuestra norma fundamental que otorga amparo al acceso a una vivienda digna. Es un mandato de la Carta Magna ante el cual el Estado Nacional no puede mantenerse impávidos, no puede quedarse cruzados de brazos, máxime cuando tienen posibilidades de remediarlo. Es necesario, en este caso, que el Estado Provincial y los Gobiernos Municipales continúen afirmando la recuperación de la conciencia colectiva de cuáles son sus objetivos básicos del accionar en procura de la grandeza de la patria y el bienestar de nuestro pueblo.
Lic. Francisco Cafiero
Director de Programas de Equipamiento Social Básico
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires
